El Ministerio de Educación (Meduca)tiene nuevo ministro. Ventura Vega asumió el cargo esta semana, tras la renuncia de Lucy Molinar. Llega a encargarse de un sistema con problemas identificados y una ruta ya acordada para resolverlos. Desde 1995, al menos 17 iniciativas de diálogo, planificación y consenso entre distintos sectores de la sociedad han señalado qué falla en la educación panameña y qué se necesita para corregirlo, según el estudio La Ruta Acordada por Ejecutar de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JuxlaE). El problema no es la falta de diagnóstico y propuestas. Es la falta de ejecución.
Los problemas de calidad educativa están documentados desde hace años. La prueba nacional de carácter censal, Crecer 2018, mostró que 5 de cada 10 niños de tercer grado no alcanzaba el nivel mínimo en lectura. Según datos de Unicef, la cifra aumentaba a casi 9 de cada 10 en las comarcas. La prueba PISA, aplicada a estudiantes de 15 años, ha mostrado rezagos que afectan, sobre todo, a los estudiantes de menores ingresos, desafíos exacerbados por el cierre de las escuelas durante la pandemia. La inequidad tampoco es un hallazgo reciente: uno de cada tres niños panameños vive en pobreza multidimensional. En las comarcas ese porcentaje llega al 91%, con un 15% de la niñez indígena fuera del sistema escolar, el triple del promedio nacional, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Asegurar el acceso a educación en áreas de difícil acceso y de pobreza extrema es, de hecho, una de las metas que ya contempla el estudio de Fudespa y JuxlaE.
La ruta establece cinco objetivos: mejorar la equidad e inclusión educativa; elevar la calidad de los aprendizajes; fortalecer la profesión docente; mejorar la gestión administrativa del sistema y elevar la inversión en educación, consensos validados durante casi tres décadas.
JuxlaE las incluyó en “19 para el 19” y las actualizó en “24 para el 24”, propuestas de políticas públicas con acciones concretas ante escuelas sin agua, sin electricidad y sin conectividad; una educación inicial con cobertura mínima; leyes aprobadas nunca reglamentadas y programas cuyo alcance no trascendió la capital. El documento plantea cinco prioridades: un diagnóstico actualizado; atención prioritaria a quienes están fuera del sistema; un Meduca técnico; rendición de cuentas y escuelas seguras, las mismas cinco que la organización repitió en un comunicado publicado el 13 de agosto, el día en que Vega asumió el cargo. Prioridades que apuntan en la misma dirección que las conclusiones de la Ruta Acordada por Ejecutar: colocar en el centro de toda decisión a los niños y jóvenes del país.
La renuncia de Molinar al Meduca, el 12 de agosto de 2026, ocurrió tras 25 meses de gestión en medio de cuestionamientos por la compra de laptops para docentes. El Meduca declaró desierta más de una vez la licitación de laptops para estudiantes, con un valor de referencia cercano a 300 millones de dólares para 531,250 equipos. A diferencia del contrato para docentes, concretado y hoy investigado por el Ministerio Público, la dotación de equipos para estudiantes quedó sin resolver.
Por otra parte, el informe El Espejismo Tecnológico de Fudespa y JuxlaE explica que la “ilusión tecnológica” es creer que repartir laptops mejora el aprendizaje por sí solo. La evidencia internacional muestra efectos casi nulos en matemáticas y lectura, incluso con inversiones millonarias en países como Perú y Uruguay. Panamá planea invertir cientos de millones en laptops mientras persisten problemas básicos, como escuelas sin electricidad y un 84% de estudiantes sin competencias mínimas en matemáticas, lo que evidencia que invertir en estos equipos sería un desacierto. El documento advierte que ese dinero rinde de 5 a 10 veces más si se invierte en formación docente, tutorías o infraestructura escolar.
Al nuevo ministro le corresponde resolver problemas administrativos, pero, más importante aún, le corresponde encauzar el sistema educativo para que cumpla su función y ofrecer acceso a educación de calidad mediante el cumplimiento de lo ya acordado, con metas y plazos verificables, y con mecanismos de rendición de cuentas, priorizando la educación como lo que debe ser: una política de Estado.
La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana.
