En el artículo pasado comentaba que Panamá tenía una ventana histórica para romper la barrera del bajo crecimiento. La proyección de crecimiento de 4.0%–4.5% para 2026 —casi el doble del promedio latinoamericano— y el reordenamiento global de las cadenas de valor convergen a nuestro favor, pero aprovecharlo requiere de un Plan País, similar al sugerido con seis pilares. Este sexto y último pilar es fundamental, porque blinda a los otros cinco y le da sostenibilidad: una Visión 2040 con respaldo legal, rendición pública de cuentas e inversión sostenida que reactive la contratación formal. Sin ese andamiaje, corremos el riesgo de desperdiciar la oportunidad que la crisis laboral nos demanda.
Panamá no carece de planes. Tiene el Plan Estratégico de Gobierno 2025–2029, el Plan Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030”, los lineamientos de Visión País 2050 del CONEP, la Estrategia Nacional de Competitividad 2024–2029 —con 12 áreas clave, 26 objetivos y 681 hitos concretos— y la propuesta de CEPAL para 2050. El problema no es la falta de documentos: es la falta de continuidad y disciplina para ejecutarlos. Cada quinquenio reescribe prioridades, los proyectos pierden tracción y la discontinuidad institucional consume nuestras ventajas comparativas mientras dilapida recursos.
El ejemplo más reciente y costoso lo ilustra bien. El proyecto del cuarto puente sobre el Canal —que resolvería el problema del transporte hacia Panamá Oeste— mutó, sin explicación convincente, de un diseño de puente con vía férrea a un puente vehicular más un túnel a 65 metros bajo el Canal para un monorriel que, por definición, debe viajar sobre vigas elevadas y no bajo el mar. Posiblemente termine siendo la mayor dilapidación de recursos en un solo proyecto en toda nuestra historia. Ese péndulo entre administraciones es exactamente lo que el Pilar 6 busca romper. Prácticas que, al igual que esta, se observan en el área económica deben descontinuarse para fortalecer la institucionalidad, la confianza en el país y promover un desarrollo sostenible.
La Visión 2040 que proponemos descansa en cuatro pivotes. Primero, un consenso multipartidario de principios y prioridades a ser suscrito por los principales partidos, gremios empresariales, organizaciones laborales y la academia, con vigencia que trascienda los siguientes períodos presidenciales y habilite proyectos de Estado. Segundo, una meta de inversión total no inferior al 30% del PIB anual, I+D que escale del 0.5% al 1.5% del PIB en quince años y un componente creciente de inversión privada productiva. Tercero, cerrar al menos el 25% de la brecha de productividad total de los factores (PTF) con respecto a EE. UU., para pasar del 40–45% actual al 50–60% en 2035. Cuarto, contratos-ley y mecanismos de continuidad que protejan los proyectos y planes destinados a impulsar los cambios estructurales necesarios del péndulo electoral. Cada pivote con rendición trimestral e independiente de cuentas, no declaraciones genéricas de porcentaje de avance por parte de los mismos ejecutores.
El benchmarking es contundente. Irlanda combinó la IDA (Industrial Development Agency), una reforma educativa profunda desde 1967 y un régimen fiscal corporativo competitivo, sosteniendo inversiones del 25–30% del PIB durante décadas, con lo cual redujo el desempleo de 15% a 4.3% y alcanzó un PIB per cápita de $103,000 frente a los $46,000 de la OCDE. Singapur convirtió la planificación de largo plazo en política de Estado, con horizontes de treinta y cuarenta años. Corea del Sur usó planes quinquenales disciplinados, ejecutados por la Economic Planning Board, para multiplicar por cien su ingreso per cápita en menos de cuatro décadas. México, con el Plan México, fijó la meta de elevar la inversión del 25% al 28% del PIB para 2030, con coordinación y colaboración público-privada al máximo nivel y tiempos de aprobación reducidos a la mitad.
La lección común es nítida: ninguna de esas economías rompió la barrera del bajo crecimiento improvisando; lo hicieron combinando tres ingredientes que Panamá aún no ha articulado simultáneamente: planificación de largo plazo con respaldo institucional, inversión creciente y sostenible y un pacto político que sobreviva a los cambios de gobierno.
Esa arquitectura, a su vez, requiere tres elementos concretos: una ley marco que blinde proyectos estratégicos durante al menos dos quinquenios, una secretaría técnica independiente del ciclo electoral y un Consejo Asesor para el Desarrollo Empresarial y Social (CADES) con representación pública, privada y académica. Sin métricas no hay rendición de cuentas: la Visión 2040 debe publicar trimestralmente sus indicadores clave —inversión total, PTF por sector, informalidad, graduados STEM y renovables en la matriz energética— con metas concretas a 2035, como elevar la PTF al 50%, volver a una informalidad del 36%, alcanzar 50,000 graduados STEM anuales y una matriz energética 100% renovable. Cada hito con nombre, fecha, responsable y costo político visible por incumplimiento.
Panamá tiene las ventajas, la convocatoria y los planes. Lo que ha faltado es la coordinación y disciplina para convertir promesas y objetivos en política de Estado y ejecución efectiva. El Pilar 6 no es un complemento ornamental ni un sueño tecnocrático: es la condición que vuelve creíbles los otros cinco pilares del Plan País. La pregunta no es si Panamá puede crecer al 4.5% o 5% en un año; es si tendrá la disciplina para hacerlo durante quince años seguidos. Esa diferencia —entre un buen año aislado y una trayectoria sostenida— es justamente la que separa quedarse en el menú de sentarse en la mesa.
El autor es economista con maestría en Blockchain & Fintech.
