Cuando se aproxima el fin de los cinco años del actual gobierno, llegan las reformas a las leyes de carrera, ese régimen laboral de los funcionarios del Estado que supuestamente debe “garantizar los principios de libertad política, igualdad, mérito, honestidad y capacidad”.
Así consta en la Ley 12 de 1998, que crea la carrera legislativa, una de las dos normas modificadas por la Asamblea Nacional y sancionadas en menos de dos meses, relativa a la estabilidad de los funcionarios. La otra ley aprobada es la número 351 del 22 de diciembre de 2022, que reformó la ley orgánica de la Contraloría General de la República.
La aprobación de la Ley 351 de 2022 contenía muchos elementos (como eliminar la responsabilidad fiscalizadora de la Contraloría o otorgar al contralor la potestad de archivar auditorías), razón por la que pasó desapercibido que dicha norma confería “estabilidad” en el cargo a todo aquel funcionario que haya laborado “a satisfacción”, por un mínimo de dos años.
Anteriormente, esa estabilidad se ganaba luego de cinco años de labores. De esta forma, cualquier funcionario nombrado por la actual administración tendría oportunidades de permanecer en la Contraloría, más allá del 1 de julio de 2024 (o del 31 de diciembre de ese año, cuando termina el mandato del actual contralor Gerardo Solís).
Estas modificaciones ni siquiera fueron presentadas por Solís, sino por un grupo de diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezados por Leandro Ávila, Ricardo Torres y Crispiano Adames, éste último actual presidente de la Asamblea.
Más recientemente, el 27 de enero de 2023, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley 353 de 2023, que modificó a su vez la Ley 12 de 1998, sobre la carrera legislativa (cuyo texto único fue publicado en Gaceta Oficial el pasado jueves). La ley 353, que fue propuesta por el diputado perredista Raúl Pineda, establece un procedimiento especial para que cualquier funcionario que tenga al menos dos años en la planilla permanente de la Asamblea Nacional, pueda ingresar a la carrera legislativa, “sin necesidad de concurso”.
En los concursos, según el exdirector de la Carrera Administrativa del Estado, David Montenegro, está la clave de una carrera basada en la meritocracia y alejada de la política.
Al establecer solo dos años y evitar los concursos -dice Montenegro- se está blindando a funcionarios nombrados por el PRD, que controla la Asamblea Nacional.
“Esta es una práctica nefasta para proteger nombramientos políticos que nunca han cumplido los requisitos del cargo”, añadió.
Este procedimiento especial estará vigente por seis meses.
No obstante, Adames ha dicho que la institución ha ofrecido a sus colaboradores cursos, diplomados y otras capacitaciones y lo que se busca es la estabilidad de los funcionarios.
