Todo comenzó hace ocho años, con una escena que se repetía en distintas agencias de la Caja de Seguro Social (CSS): largas filas de ciudadanos extranjeros esperando tomarse la foto para obtener su carné de afiliación.
La mayoría de esas afiliaciones, que se realizaron a través del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), resultaron ser fraudulentas.
Fue en septiembre de 2017 cuando La Prensa decidió investigar qué había detrás de esas filas inusuales. En al menos tres agencias de la CSS, este medio conversó con varios extranjeros. Aunque procedían de distintos países, sus respuestas coincidían: no sabían qué era una afiliación a la seguridad social a través del SIPE, pero tenían claro que la necesitaban. De hecho, muchos no conocían el lugar donde supuestamente trabajaban ni quién era el patrón que los había inscrito.
Finalmente, el pasado viernes 11 de julio, un juez legalizó la detención provisional del representante legal de una de las sociedades que inscribió irregularmente a extranjeros en la CSS y le imputó cargos por la presunta comisión del delito contra la fe pública.
El Ministerio Público anunció que está agilizando más diligencias y allanamientos vinculados al caso.
Los extranjeros que fueron afiliados mediante planillas ficticias —presentadas por sociedades recién creadas, inoperantes o morosas ante la CSS— provenían principalmente de Venezuela, Colombia, República Dominicana y Nicaragua. Algunos de los que se atrevieron a hablar con este medio contaron que pagaron hasta $3 mil a redes criminales con operaciones en unas cuatro instituciones del Estado.
A medida que se profundizaba la investigación, La Prensa detectó la participación activa y coordinada de funcionarios en la CSS, el Servicio Nacional de Migración, la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Trabajo.
¿Cómo funcionaba el esquema?
Fácil: los supuestos patronos, con complicidad de algunas entidades, emitían documentos para respaldar contratos y afiliaciones falsas, lo que permitía a los extranjeros obtener carnés de la CSS y migratorios, así como permisos laborales y otros beneficios del Estado.
En las planillas registradas en el SIPE, estos extranjeros aparecían como secretarias, mensajeros, empleados domésticos, lavadores de vehículos, mecánicos y ayudantes, entre otros cargos, con supuestos salarios que oscilaban entre $100 y $1,700 mensuales.
Un elemento clave del fraude era la modificación reiterada de las planillas en el SIPE dentro del mismo mes, sin que ningún funcionario de la CSS interviniera o alertara sobre el asunto, a pesar de lo irregular del procedimiento.
La Prensa recorrió distintos puntos de la capital, Arraiján y La Chorrera para verificar la existencia de unas 150 empresas que la CSS, en diciembre de 2017, identificó con afiliaciones sospechosas. De estas, 60 no tenía oficinas ni personal visible, aunque reportaban operaciones desde apartamentos y residencias particulares.
¿Dónde operaban estas redes?
En pasillos de centros comerciales. Allí, a la vista de todos, se montaron improvisadas “oficinas” que durante años lucraron con el sistema. No había ni escritorios: la gente firmaba en la silla del centro comercial. Las ofertas eran publicadas en páginas de internet, prometiendo afiliaciones “completamente legales” a la CSS, atención médica, medicamentos y hasta cobertura para familiares.
Desesperados por regularizar su estatus migratorio, muchos extranjeros cayeron en la trampa. El sistema de salud (ya colapsado) empezó a recibir a cientos de personas que exigían atención médica sin haber contribuido con una sola cuota.
Este medio identificó a guardias de seguridad y personas vinculadas a delitos como directivos y suscriptores de sociedades que afiliaban de forma irregular a extranjeros al SIPE. Hoy, parte de esa red comienza a enfrentar la justicia.
¿Quiénes hicieron el registro de los afiliados?
• Redes criminales coordinadas por funcionarios públicos de la CSS, el Servicio Nacional de Migración, la DGI, el Tribunal Electoral y los ministerios de Salud y de Trabajo.
• También participaron “gestores” y supuestos empleadores, muchos sin oficinas reales, que operaban desde residencias particulares o incluso pasillos de centros comerciales.
¿Por qué los extranjeros necesitaban afiliarse a la CSS?
• Porque era un requisito obligatorio para obtener o renovar permisos de residencia y trabajo, así como para tramitar carnés migratorios.
• Sin este paso, no podían avanzar en su proceso de regularización migratoria.
¿Cuándo se modificó la ley?
• En abril de 2018, tras destaparse la masiva afiliación fraudulenta de extranjeros y la emisión irregular de paz y salvo en la DGI, el Gobierno promulgó dos decretos ejecutivos que eliminaron la exigencia de estar afiliado a la CSS o tener paz y salvo para ciertos trámites migratorios.
• Entre abril y mayo de ese año, el Servicio Nacional de Migración canceló más de 500 permisos tras detectar irregularidades en los documentos aportados.
• A raíz del escándalo, tanto la DGI como la CSS abrieron investigaciones internas para frenar la emisión ilegal de carnés y documentos oficiales. Se desconocen los resultados de estas investigaciones.
