El Consejo de Gabinete aprobó este martes 7 de julio un crédito adicional suplementario de $11,723,301 para la Policía Nacional, destinado, según la información oficial, a la “reactivación” de su flota vehicular.
La cifra se suma a los $4,695,929.62 que el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) gastó a finales de 2025 en la compra de camionetas, motocicletas, sedanes y camiones para la Policía Nacional y otros brazos operativos como el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras.
Es decir que en poco más de seis meses el Minseg ha destinado al menos $16.4 millones a su parque vehicular, todo en un momento en que la ciudadanía cuestiona los efectos de las estrategias de seguridad para combatir el crimen en las calles.
Según la información divulgada, los $11.7 millones se asignarán a la reactivación física, compra de repuestos y la reparación de vehículos de policía. Sin embargo, el Ejecutivo no ha precisado cuántos son, ni por qué la millonaria inversión en flota ejecutada hace apenas seis meses no resolvió el problema.
Adicionalmente, mediante la Resolución 72-26, el Gabinete aprobó otro crédito adicional por $5,873,071 para proyectos, servicios y adquisiciones de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública y la modernización tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5.
Ambas resoluciones suman $17,596,372 y deberán pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación. Sin embargo, esa instancia legislativa aún no se ha instalado.
¿Licitación o contratos directos?
Hasta el cierre de esta edición, el portal PanamaCompra no registraba actos públicos, licitaciones ni órdenes de compra asociadas a la ejecución de estos recursos.
Tampoco se ha informado si la “reactivación” se hará vía licitación pública o si, como ocurrió con las compras de diciembre pasado, se recurrirá a mecanismos de contratación directa.
El antecedente: compras directas bajo la emergencia
En febrero pasado, La Prensa informó que el Minseg aprovechó la vigencia de la Resolución de Gabinete No. 48 de mayo de 2025, que declaró el estado de emergencia en Bocas del Toro tras los cierres de vías contra la Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social, para concretar compras directas por $4,695,929.62 en vehículos.
Los contratos favorecieron a tres proveedores: Panameña de Motores, S.A., a la que se le asignó un contrato de $2,473,277.17 por la compra de 67 camionetas Nissan Frontier 4x4. Hyundai Truck and Bus Panama, S.A., recibió otro por $1,115,418.59 por la compra de buses y camiones, incluido un bus de lujo de 50 pasajeros valorado en $194,450.
A Ford Auto Panama, S.A. se le adjudicó otro por un valor de $1,107,233.86 por 12 vehículos.
La justificación oficial: el “desgaste evidente y significativo” de los vehículos durante la Operación Omega, con la que se replegaron las protestas y el hecho de que el 70% de la flota operativa supera los cinco años de antigüedad.
La nueva flota de vehículos fue presentada en febrero pasado en un acto en que participaron el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.
“Hoy no estamos entregando vehículos, hoy estamos fortaleciendo la autoridad del Estado panameño”, afirmó el ministro.
Un problema crónico de varios gobiernos
El deterioro de la flota policial no es nuevo ni exclusivo de esta administración.
En octubre de 2020, bajo el gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el propio Minseg, entonces a cargo de Juan Manuel Pino, admitió en informes técnicos que solo el 46% de la flota vehicular estaba en condiciones operativas y que el 78.29% de los vehículos había superado su vida útil.
La solución de entonces también fue excepcional: contratos directos para alquilar 259 autos por $4,079,225, a un costo de $15,749.90 anuales por vehículo.
Seis años después, el diagnóstico es prácticamente el mismo. La millonaria inversión en movilidad policial convive con los indicadores de seguridad.
Cifras del Ministerio Público revelan que hasta mayo pasado se habían registrado 251 homicidios en el país, 22 más que en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 229.
El 94% de las víctimas fueron hombres.
El Ejecutivo afirma que los créditos aprobados buscan “fortalecer la lucha contra el crimen” y mejorar los tiempos de respuesta.
Las preguntas
La Prensa envió un cuestionario a la Policía Nacional para conocer cuántos vehículos permanecen fuera de servicio y desde cuándo; si los $11.7 millones se ejecutarán mediante licitación pública o contratación directa; por qué la reparación de la flota no se incluyó en el presupuesto ordinario de 2026;
Al cierre de esta edición, no hubo respuesta. Una vez la institución la envíe, será incorporada a esta nota.
