Los indultos en Estados Unidos han saltado a la opinión pública, pero, sobre todo, el lobby que pagan los presuntos delincuentes y políticos acusados de corrupción o condenados por el mismo delito en múltiples países. Millones de dólares se pagan con el fin de forjar apoyo político, indultos y el alivio de sanciones impuestas por Washington, revela un análisis de la organización Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC, por sus siglas en inglés) de la información que presentan los cabilderos, obligados por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).
ACDC examina data pública y privada para exponer la corrupción transnacional, la actividad financiera ilícita y la opacidad corporativa. Sus investigaciones buscan documentar y reducir los daños que la corrupción causa a la seguridad humana, la participación democrática y la sostenibilidad ambiental. Para ello reúne a destacados periodistas de investigación en más de 100 países, académicos, expertos en políticas y científicos de datos para proyectos de colaboración que cruzan fronteras.
El pasado jueves, ACDC presentó un extenso informe con los resultados del análisis de miles de declaraciones de la FARA que abarcan las tres últimas administraciones presidenciales de Estados Unidos y los primeros 17 meses del segundo mandato de Donald Trump.
El análisis luego se enfocó en 70 personas de alto riesgo que han contratado a cabilderos estadounidenses, a menudo para asegurarse de la eliminación de sus nombres en las listas de sanciones o para buscar indultos presidenciales o presionar de otra manera al gobierno de Estados Unidos en torno a casos legales relacionados con la corrupción, el fraude y otros delitos.
El estudio revela que en 2025 hubo un aumento significativo de los registros de clientes de alto riesgo, con un notable aumento en el cabildeo para las personas sancionadas. Este aumento coincide con la reversión de acciones anticorrupción de Estados Unidos, como el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el despido de expertos del Departamento de Estado y la disolución de la fuerza de tareas KleptoCapture, una unidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos creada para imponer sanciones a oligarcas rusos tras la invasión de Rusia a Ucrania, en 2022.
En este estudio son mencionados, precisamente, los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes se declararon culpables en 2021, ante un juez federal de Nueva York, de conspirar para blanquear dinero de los sobornos que pagó en Panamá la empresa brasileña Odebrecht.
Ambos aspiran a un indulto presidencial en Estados Unidos, tras haber cumplido su condena por los delitos confesados.
De Obama a Trump
De acuerdo con el estudio de ACDC, el costo promedio de las campañas de cabildeo se ha más que duplicado.
Bajo la administración del presidente Joe Biden, los extranjeros gastaban en promedio $190 mil por cada labor de cabildeo. Pero, a partir de 2025 –durante el primer año de gobierno de la segunda Administración de Trump– el promedio se disparó $490 mil.
“Observamos una tendencia preocupante de presión política dirigida contra las medidas de lucha contra la corrupción adoptadas por gobiernos anteriores”, dijo Michelle Kendler-Kretsch, investigadora de ACDC y autora del informe. “Si estas campañas de influencia tienen éxito, esto sienta un precedente peligroso en el que el estándar para responsabilizar la corrupción cambia según quien tenga el poder en Washington”, indicó la investigadora.
“En algunos casos –añadió– la información presentada junto con los expedientes también revela que los grupos de presión atacan las estructuras de lucha contra la corrupción desarrolladas con el apoyo de Estados Unidos. Esto amenaza con socavar años de avances, con repercusiones no solo en los casos concretos, sino también en la capacidad de los países para tramitar los casos de corrupción”.
Rica y Kike
El reporte de la organización subraya que algunas declaraciones en la FARA están explícitamente vinculadas a intentos de obtener un indulto para el cliente, incluso mediante la presentación de una petición formal. Sin embargo, otras peticiones de indulto para personas extranjeras no tienen declaración de acompañamiento de la FARA.
“Un ejemplo notable es el de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, de Panamá, dos hijos del expresidente [Ricardo Martinelli], quienes se declararon culpables en Estados Unidos en 2021 de conspiración para cometer blanqueo de capitales relacionado con sobornos en el escándalo de Odebrecht”, indica la presentación del informe de ACDC.
“La Prensa –agregó– informó recientemente de que el expresidente pagó para que varios legisladores panameños, entre ellos sus abogados, asistieran a una cena de gala en Mar-a-Lago en abril de 2025, y puso a disposición de los legisladores el avión privado de su familia. Las peticiones de indulto para los hermanos se presentaron en 2025 y siguen pendientes”.
La estrategia
Parte considerable de las actividades de cabildeo extranjero en Estados Unidos no solo es de gobiernos, sino de particulares con intereses que promover en Washington. Hay casos destacados, revelados por medios de comunicación, en los que los protagonistas están involucrados en escándalos de corrupción transnacional, como el caso de malversación de fondos y blanqueo de capitales en Malasia o el expolio de los recursos naturales en Angola.
Intentan “mitigar la aplicación de medidas legales en sus casos, organizando reuniones con legisladores, presentando solicitudes de indulto e influyendo en la narrativa pública mediante comunicaciones estratégicas y relaciones públicas”, expone el estudio.
La actual investigación de ACDC, bajo el clima político actual, cobra especial urgencia porque “crece el temor de que el Departamento de Justicia se haya politizado en gran medida, al tiempo que se intensifican en Washington las acusaciones sobre indultos a cambio de favores o pagos. Las sanciones económicas impuestas para combatir la corrupción, la delincuencia organizada grave y las violaciones de los derechos humanos parecen haberse vuelto negociables”, subraya el estudio.
La aplicación por parte de Estados Unidos de leyes anticorrupción –como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act)– se suspendió en 2025 y luego se reorientó con fines limitados a darle prioridad a la protección de los intereses de empresas estadounidenses.
Así las cosas, “las campañas de cabildeo a favor de personas implicadas en actos de corrupción no solo podrían encontrar una audiencia receptiva en los pasillos del poder, sino que también podrían tener un efecto corrosivo, al confrontar años de liderazgo estadounidense en la aplicación de medidas anticorrupción contra una oposición eficaz y bien financiada. Tal escenario –sostiene el estudio– no solo beneficia a los individuos que contratan a los cabilderos, sino también a los regímenes corruptos y autoritarios, así como a las redes criminales transnacionales con las que aquellos puedan estar vinculados”.
“ACDC ha constatado que presuntos delincuentes extranjeros y otros ya condenados, junto con funcionarios envueltos en escándalos de corrupción, están invirtiendo grandes sumas para influir en el gobierno de Estados Unidos y eludir la rendición de cuentas. Mientras que en otro tiempo Estados Unidos lideraba la lucha contra la corrupción, las actividades de cabildeo de individuos de alto riesgo están contribuyendo a convertir a Washington en un agente de impunidad”.
El engranaje
La organización ha identificado 46 casos de la actual administración estadounidense, así como de las tres últimas en las que sus protagonistas –extranjeros acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos en todo el mundo– contrataron a lobistas de Estados Unidos con el objetivo de “protegerse de la rendición de cuentas, ya sea en sus países de origen o en territorio estadounidense”.
Esas personas contratan para estos fines bufetes de abogados, firmas de cabildeo, agencias de relaciones públicas y a personas con acceso a círculos políticos, a fin de contrarrestar las acciones del gobierno de Estados Unidos para perseguir los casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos, incluyendo las sanciones que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
El estudio dio con notables hallazgos. Por ejemplo, que el gasto en cabildeo por parte de extranjeros de alto riesgo ha sido notablemente mayor en las administraciones Trump 2017-2021 y 2025-2029: $19.2 millones y $9.8 millones, respectivamente, en comparación con los $3.9 millones durante la administración Biden.
También, que hay intentos de revertir medidas contra la corrupción adoptadas por administraciones anteriores, lo que indica una preocupante politización de la aplicación internacional de normas anticorrupción; que el cabildeo en favor de personas de alto riesgo amenaza la infraestructura mundial de lucha contra la corrupción –gran parte construida con apoyo de Estados Unidos– pues algunas campañas buscan socavar la legitimidad, no solo de procesos judiciales específicos, sino de tribunales y mecanismos de rendición de cuentas.
Unas 70 personas extranjeras de alto riesgo –indica el estudio– han contratado a cabilderos desde 2013. De esas, 52 enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos u otros países o han sido acusadas de corrupción de forma creíble en investigaciones periodísticas. En ese grupo, 26 afrontan procesos legales en Estados Unidos o en el extranjero por corrupción o violaciones de derechos humanos, mientras que 15 se enfrentan a acciones legales por otros tipos de conductas indebidas (como el fraude).
Lea el informe completo de ACDC aquí.
Las 11 personas restantes han sido acusadas de corrupción en medios de comunicación fiables, pero sin cargos formales.
