El presidente José Raúl Mulino calificó de “corrupta” a la empresa a cargo de la concesión del fallido proyecto portuario en Isla Margarita, Colón, aunque no mencionó su nombre. Afirmó que dicha concesión, ya anulada por su gobierno, fue una “real trampa” y un proceso “bastante dañado desde el inicio”.
“Ese puerto es el único que queda en el Atlántico disponible para un desarrollo portuario, y no lo vamos a hacer con ninguna empresa corrupta ni que ha participado de este entrampe”, sentenció el mandatario durante su conferencia de prensa semanal de los jueves.
Mulino advirtió que los trámites y traspasos ligados a ese proyecto se hicieron de forma ilegal, por lo que su administración analiza, con el equipo legal del Estado, cómo proceder para recuperar “lo antes posible” el control total de las propiedades involucradas. El proyecto se ubica en un punto estratégico: la entrada atlántica del Canal de Panamá.
Una historia de incumplimientos
La concesión, otorgada en 2013, fue adjudicada a las sociedades Panama Colon Container Port Inc. (PCCP) y United Crown Construction Inc., responsables de desarrollar una terminal portuaria y un patio de contenedores, respectivamente.
“Ya se eliminó la concesión de fondo de mar; ahora nos queda un montón de propiedades que fueron ilegalmente traspasadas”, denunció el presidente. Agregó que esa anulación fue solo el primer paso, y que ahora el Ejecutivo trabaja en desmontar un esquema de transferencia de terrenos y derechos considerados irregulares.
Según Mulino, el propósito real del “entramado” sería mantener el proyecto paralizado para luego vender los derechos a un tercero. Aseguró que el proyecto se maneja como “un coto privado que tienen de reserva para que nada se haga y entonces vender la concesión más adelante”.
Desde su adjudicación hace más de una década, el proyecto enfrentó una cadena de tropiezos: incumplimientos del cronograma de inversión, retrasos sostenidos, morosidad en los pagos al Estado, disputas entre los socios y escaso avance físico. Una auditoría oficial reveló que las obras no llegaban ni al 20% de ejecución, pese a las múltiples prórrogas.
Cancelación oficial y nuevos litigios
El pasado 24 de abril, Mulino ya había advertido que su gobierno no continuaría respaldando el proyecto por su historial de irregularidades. Posteriormente, en mayo, confirmó que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había cancelado formalmente la concesión, mediante resoluciones aprobadas por su junta directiva.
“La junta directiva ya canceló esa concesión. No vamos a seguir apoyando un contrato que nació mal y se ejecutó peor”, expresó el mandatario. La AMP emitió las resoluciones JD No. 046-2025 y 047-2025, invocando cláusulas contractuales que facultaban la revocatoria ante el incumplimiento sostenido de los concesionarios.
Las empresas involucradas no se quedaron de brazos cruzados. PCCP presentó cuatro amparos de garantías ante la Corte Suprema de Justicia entre el 2 y 6 de junio pasado, en un intento por revertir la cancelación. A la vez, persisten disputas legales locales e internacionales por el control accionario y los derechos sobre el proyecto.
En 2022, tras un fallido intento de cancelación, el contrato había sido revivido por el gobierno anterior, que lo prorrogó hasta 2042, argumentando que nuevos inversionistas —como Notarc Management Group, vinculado a la naviera MSC— aportarían capital fresco. Sin embargo, la ejecución volvió a estancarse.
Paralelamente, se han reportado litigios entre antiguos socios, incluyendo arbitrajes en Panamá y demandas en tribunales de Delaware. La empresa china Landbridge Port Services alega que fue despojada fraudulentamente de sus acciones en el consorcio.
Mulino ha dejado claro que no permitirá que “la trampa” continúe y que su gobierno no negociará con actores ligados a lo que considera un esquema de corrupción. “Lucharemos con todos los medios de la ley”, enfatizó.
El Ejecutivo prepara una nueva licitación internacional para desarrollar el puerto, bajo condiciones completamente distintas. “Panamá necesita puertos modernos, no trampas encubiertas con disfraz de inversión”, recalcó el presidente.
Finalmente, Mulino reveló que el gobierno trabaja en “sanear la mesa” en Isla Margarita, un proceso que, dijo, será más demorado de lo esperado por el nivel de supuestas irregularidades encontradas. No obstante, afirmó que el Estado usará todos los mecanismos legales necesarios para recuperar el control pleno de ese puerto logístico clave.
La Prensa intentó obtener la versión del apoderado legal del consorcio; sin embargo, al cierre de esta nota no respondió las preguntas enviadas a su número de celular.
