La escena duró unos segundos, pero condensó el nuevo mapa del poder en Panamá. El mediodía del 1 de julio, la diputada oficialista Shirley Castañedas, abogada del expresidente Ricardo Martinelli, levantó la mano derecha en el pleno legislativo mientras las gradas del hemiciclo, con presencia visible de simpatizantes martinellistas, celebraban su juramentación como presidenta de la Asamblea Nacional.
Horas después, el presidente José Raúl Mulino cerró su informe a la Nación con un mensaje para las bancadas que la eligieron: “No se van a arrepentir”.
Los números de la jornada explican el resto. Castañedas obtuvo 42 votos, producto de la alianza entre Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros.
Grace Hernández, la candidata del bloque de diputados de libre postulación de Vamos en acuerdo con Moca, alcanzó 21. La bancada panameñista optó por la abstención. Es decir, ocho votos que no sumaron a ningún lado.
Con ese resultado, el oficialismo también se quedó con las vicepresidencias, una de ellas ahora está en manos de Manuel Cheng, diputado que llegó a la Asamblea por la libre postulación bajo el paraguas de Vamos, pero ahora es oficialista.
El ascenso de Castañedas a la máxima silla del Legislativo fue producto de una estrategia ejecutada desde el Palacio de las Garzas. El propio Mulino se reunió en los días previos con las bancadas de RM, CD y PRD, nunca con Seguimos ni con Vamos, bajo el argumento de una supuesta agenda legislativa que, sin embargo, no apareció en su discurso del 1 de julio.
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Para el exalcalde y expresidente del Partido Panameñista, José Blandón, el mandatario buscó los votos de manera activa y con ello anuló cualquier posibilidad de una alianza alternativa.
No es el único que está seguro de eso. Diputados de Vamos y otros actores políticos y de la sociedad civil afirman que el presidente de la República cabildeó los votos para la diputada de Arraiján.
La palabra oposición vista como un ‘insulto’
Para la abogada Ana Carolina Rodríguez, lo que ocurrió el 1 de julio confirmó un proceso que arrancó mucho antes. “He visto una oposición muy débil desde el día uno”, afirmó durante el análisis de la jornada en La Prensa.
Su primera evidencia, recordó, fue el desfile de diputados de todas las bancadas que acudieron a reunirse con el entonces presidente electo “como si él no acabara de alzar las manos con un prófugo de la justicia asilado en Colombia”.
Se refería a Ricardo Martinelli, asilado en Colombia para esquivar la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales por el caso New Business. Martinelli es el presidente y fundador de RM.
Rodríguez recordó que en la Asamblea nadie quiso asumir la etiqueta desde el inicio del periodo. “La palabra oposición era vista como un insulto, como una piedra en el zapato”, manifestó. A su juicio, la fórmula de moda, la llamada “oposición responsable”, partió de una premisa equivocada: “Estamos partiendo de la base de que la oposición es irresponsable. Eso es precisamente lo que a este país le falta”.
Su diagnóstico va más allá del Legislativo. La abogada describió un Ejecutivo con control sobre las procuradurías, la Contraloría General y el Tribunal Electoral, mientras el Órgano Judicial, en su opinión, rehúye año tras año su rol de contrapeso.
“Cuando tenemos las instituciones de control cooptadas por personas o allegados muy cercanos al presidente de la República, ¿qué queda? La oposición que se haga”, planteó.
En la misma línea se pronunció la activista de derechos humanos Magaly Castillo. “Ya tienen el control de la Asamblea, las procuradurías, de todas las instituciones de control, incluyendo la Defensoría del Pueblo, y no hay partidos de oposición”, advirtió.
Y remató con una referencia al malestar social: “La ciudadanía sigue esperando el chen chen que no llegará porque se queda en los bolsillos de unos pocos”.
Bueno, ya tienen el control de la Asamblea, las procuradurías, de todas las instituciones de control, incluyendo la Defensoría del Pueblo y no hay partidos de oposición.
— Magaly Castillo (@magcastill) July 1, 2026
La ciudadanía sigue esperando el chen chen que no llegará porque se queda en los bolsillos de unos pocos. https://t.co/PJhV8Br29A
El caso de los sindicatos
La erosión de los contrapesos va más allá. Los sindicatos, que durante décadas fueron la voz más ruidosa de la calle panameña, atraviesan, según sus dirigentes, uno de sus momentos de mayor asedio.
Dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) enfrentan investigaciones penales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) percibe como posibles represalias, según el capítulo sobre Panamá de su Informe Anual 2025, presentado en la 56.ª Asamblea General de la OEA, que se celebró en Panamá.
El documento cita informes de la Defensoría del Pueblo sobre lo que denominan “detenciones arbitrarias” y “uso excesivo de la fuerza” durante el estado de urgencia decretado en Bocas del Toro en 2025, y recoge denuncias documentadas por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.
El 95% de las víctimas identificadas, de acuerdo con el informe, pertenece al pueblo Ngäbe-Buglé.
El PRD reclama un papel que sus votos desmienten
Desde las entrañas del PRD, colectivo político que tiene como presidente al diputado Benicio Robinson, y tercera parte de la mayoría que eligió a Castañedas, no se consideran oficialistas.
Balbina Herrera, secretaria general de esta agrupación, salió en defensa del colectivo. “Somos un partido de oposición, no tengan duda de eso. La sociedad panameña nos dio el papel de oposición, no nos dio el papel de gobierno, y aunque la alianza se dé en la Asamblea seguimos siendo un partido de oposición”, manifestó.
Pero los movimientos del partido que dirige contradicen esta tesis. El PRD ha acompañado a Castañedas en dos elecciones consecutivas para la directiva, pues el 1 de julio de 2025, día en que el panameñista Jorge Herrera ganó la presidencia, esta fracción parlamentaria votó con la candidata oficialista.
Lo que viene: amnistía, mina y fiscalización
La composición de la nueva mayoría tendrá consecuencias concretas. Con la bancada de RM al frente de la agenda legislativa del país, no se descarta que se debata el proyecto de ley de amnistía para Martinelli que no prosperó el año pasado.
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Aunque el presidente Mulino aseguró en su informe a la Nación que la eventual reapertura de la mina no pasará por un contrato ley, es decir, no irá a la Asamblea, a juicio de Blandón, esta decisión dejaría al Parlamento fuera de una de las decisiones más trascendentales del quinquenio.
Con la mayoría oficialista, anticipó, la función fiscalizadora quedará en manos de los diputados de Vamos y Seguimos, los únicos que votaron en contra de la candidata oficialista.
