Un grupo de diputados independientes presentó una propuesta que busca agilizar los permisos de construcción mediante una Ventanilla Única obligatoria en todos los municipios y la creación de la figura del curador urbano, un profesional privado que revisaría técnicamente los proyectos.
Se trata del anteproyecto de ley que regula los procedimientos de construcción, establece la Ventanilla Única y crea la figura del curador urbano, presentado el pasado 9 de julio ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional. La propuesta fue presentada por los diputados Jorge Bloise, Janine Prado y Miguel Ángel Campos.
La propuesta establece que todos los municipios del país deberán implementar una Ventanilla Única obligatoria para centralizar los trámites de construcción mediante un sistema de coordinación interinstitucional, de manera que las entidades competentes revisen los proyectos de forma simultánea y no por etapas.
Actualmente, varias entidades intervienen en el proceso para obtener un permiso de construcción, entre ellas el Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), otras instituciones.
Según el documento, los municipios seguirán siendo los únicos responsables de otorgar o negar permisos de construcción, ocupación y demolición, así como de realizar inspecciones y aplicar sanciones, ya que la Ventanilla Única no sustituirá las competencias municipales.
Crea figura del curador urbano
La iniciativa también crea la figura del curador urbano como un profesional privado acreditado por el Miviot y designado por el Concejo de Panamá, quien ejercerá funciones públicas para agilizar la revisión técnica de los proyectos.
Entre sus atribuciones estarán verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas, tramitar anteproyectos y planos, emitir un Concepto Técnico Vinculante, registrar los expedientes en la plataforma municipal y coordinar la revisión de seguridad con el CBP.
No obstante, el curador urbano no podrá otorgar permisos de construcción, intervenir en proyectos fuera de su jurisdicción ni revisar obras en las que tenga conflictos de interés. Además, deberá contar con un seguro de responsabilidad civil y responder administrativa, civil y penalmente por el ejercicio de las funciones públicas que le sean delegadas.
Aunque la propuesta aún no ha sido prohijada, ya es objeto de análisis por parte de diversos especialistas en urbanismo.
Propuesta necesita más ajustes
El urbanista, Carlos Antonio Solís, considera que la creación del curador urbano y la obligatoriedad de la Ventanilla Única podrían reducir parcialmente los tiempos de tramitación de los permisos de construcción; sin embargo, advirtió que la iniciativa requiere ajustes importantes para evitar problemas de implementación.
El especialista comparó al curador urbano con un notario público, al señalar que su función sería certificar que los expedientes cumplen con los requisitos técnicos, mientras que la aprobación final seguiría siendo responsabilidad del Estado.
No obstante, cuestionó que la iniciativa exija que los curadores cuenten con formación en urbanismo o planificación territorial, cuando, a su juicio, el perfil más adecuado es el de arquitectos o ingenieros civiles con experiencia en construcción y gestión de trámites.
Solís también advirtió que la propuesta no resolverá por completo los cuellos de botella, ya que muchos de los retrasos se originan en entidades del Gobierno central y no únicamente en las direcciones municipales de obras y construcciones.
Respecto a la Ventanilla Única, consideró inviable exigir que los 81 municipios del país implementen este sistema debido a las diferencias en capacidad técnica, recursos humanos y presupuesto. En su lugar, propuso evaluar esquemas regionales o provinciales para los municipios más pequeños.
El urbanista recordó que en Colombia, donde funciona esta figura, las curadurías urbanas han enfrentado cuestionamientos por posibles conflictos de interés y riesgos de corrupción. Por ello, sostuvo que la ley debe incorporar salvaguardas claras para garantizar la transparencia, evitar oligopolios y asegurar que el nuevo sistema agilice los permisos de construcción sin comprometer el control técnico.
Propone la figura del revisor técnico urbano
Por su parte, el director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, Luis Carballeda, se refirió a la figura del curador urbano como una iniciativa que permitiría agilizar los trámites de construcción, especialmente en los municipios con menor capacidad técnica y presupuestaria.
El funcionario explicó que conoce el anteproyecto de ley y considera que la propuesta no busca restar competencias a los municipios, sino brindarles una herramienta de apoyo para verificar el cumplimiento de las normas nacionales de construcción.
“Nosotros debemos apostar más a un certificador, a un revisor técnico urbano. De esa manera permitiríamos descongestionar a los municipios, agilizar y transparentar los procesos”, sostuvo.
Carballeda señaló que muchos municipios carecen de personal especializado, infraestructura y recursos para operar una Ventanilla Única, por lo que este mecanismo facilitaría la gestión de los permisos sin sustituir las funciones municipales.
Como ejemplo, indicó que la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá ha recibido 1,524 planos en lo que va del año y cuenta con una planilla de 170 funcionarios para atender ese volumen de trámites, una capacidad que, según afirmó, no poseen la mayoría de los municipios del país.
Respecto al retraso en la aprobación de los permisos, el funcionario aseguró que la mayor parte de la demora no recae en la administración municipal, sino en las correcciones que deben realizar los propios desarrolladores.
“Lo que más tarda es la subsanación del contribuyente. La gente siempre dice que el municipio se demora, pero el 60% o 65% del tiempo corresponde a las correcciones que deben presentar los solicitantes”, afirmó.
Asimismo, destacó que la figura del curador urbano reduciría las revisiones repetitivas por parte de las instituciones públicas y evitaría que los promotores deban trasladarse entre distintas entidades para completar un mismo trámite.
Buscan reactivar el sector construcción
En la exposición de motivos del proyecto, el diputado Jorge Bloise destacó que se busca unificar y modernizar la regulación de los trámites para el registro de planos y la expedición de permisos de construcción en el país.
Además, explicó que la iniciativa establece plazos obligatorios para agilizar los procesos, delimita las competencias del BCBP y de las demás entidades involucradas, e incorpora la figura del curador urbano como una alternativa de revisión técnica para descongestionar la administración pública, impulsar la actividad económica y garantizar la seguridad en las construcciones.
Como parte de la justificación de la propuesta, Bloise señaló que la desaceleración económica ha afectado al sector de la construcción, cuyo crecimiento sigue por debajo del ritmo de recuperación del Producto Interno Bruto (PIB). Citó un informe de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), según el cual el sector perdió más de 37,000 empleos entre 2018 y 2025 y aún no recupera su aporte histórico a la economía.
El anteproyecto sostiene que agilizar los trámites para la obtención de permisos de construcción contribuirá a reactivar la inversión privada, generar empleo y fortalecer el crecimiento económico del país.
