La sociedad Amador Marina, S.A., ligada al funcionario federal estadounidense Louis Sola y su familia, pagaría entre 15 centavos y $6 por metro cuadrado en dos concesiones estatales en isla Flamenco, Amador, una de las áreas de mayor potencial turístico del país y que además está estratégicamente ubicada en la entrada del lado Pacífico del Canal de Panamá.
Ahí, en 11.3 hectáreas de fondo de mar y 2.7 hectáreas de tierra firma, Amador Marina pretendería desarrollar locales comerciales, una exclusiva marina privada y, eventualmente, un puerto de cruceros, como ha reconocido el propio Sola, presidente de la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
En mayo de 2023, la sociedad de los Sola obtuvo el permiso de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para utilizar 11.3 hectáreas de fondo de mar. A cambio, pagaría un canon fijo de 15 centavos por metro cuadrado, con un incremento anual del 5%. De ese modo, en el primer año de concesión, el desembolso sería de aproximadamente $5,600 mensuales.
En cambio, por la concesión de 2.7 hectáreas en tierra firme para construir oficinas, restaurantes, plazas comerciales y bodegas, se fijó un canon anual de $6 por metro cuadrado de “área útil”, lo que generaría un pago mensual inicial de $13,991 a favor de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se le estaría cobrando la misma renta fija ($6 por metro cuadrado) que a Fuerte Amador Resort and Marina (FARM), el primer concesionario en Amador y que también está en Flamenco. El contrato de FARM fue pactado en 1998, cuando no había ningún otro desarrollo en la calzada y el futuro era incierto. A Amador Marina se le cobraría lo mismo, 27 años después.
Además, se aplicaría una renta variable del 2.4% sobre los ingresos de los negocios que operen en la propiedad, a partir del inicio de operaciones.
En total, durante los 20 años de vigencia de ambas concesiones, el Estado recibiría $8.3 millones: $4.3 millones por la concesión de la AMP y $4 millones por la de la UABR.
Las dos concesiones (otorgadas por la vía directa, sin licitación pública) son renovables por 20 años más, pero en caso de que no haya prórroga, el Estado podría recuperar las tierras y exigir el retiro de Amador Marina, a cambio de una indemnización por el valor de las mejoras. No se precisa el mecanismo a utilizar en la probable indemnización.
Amador Marina también podría inscribir su proyecto en el Registro Nacional de Turismo, siempre que cumpla con los requisitos legales. Esto le permitiría acogerse a los incentivos fiscales contemplados en la Ley 80 de 8 de noviembre de 2012, modificada en 2019.
El 20 de febrero, la AMP remitió a la Contraloría dos fianzas entregadas por Amador Marina, que suman $965,830, como garantía de cumplimiento e inversión del contrato. Estas fianzas tendrían vigencia desde el 17 de enero de 2025 hasta el 17 de enero de 2026 y fueron expedidas por Interamericana de Fianzas y Seguros.
El proyecto ya está en marcha y tiene un estudio de impacto ambiental (EIA), categoría II, aprobado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el 30 de octubre de 2024, para la construcción de la marina; el documento no incluye un puerto para cruceros. El EIA fue presentado el 6 de marzo de 2024. En el ínterin, Sola viajó a Panamá como parte de una delegación de la FMC, del 29 de julio al 1 de agosto de 2024.
El último día de su gira oficial, participó como “invitado” en una reunión entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Amador Marina, convocada precisamente para analizar la compatibilidad del proyecto con las operaciones de la vía acuática. Sola fue apoderado de Amador Marina –empresa administrada por sus hijos– hasta 2018, al ser designado comisionado de la FMC por el presidente Donald Trump.
FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
— La Prensa Panamá (@prensacom) February 28, 2025
La madre de Carolyn y Anthony Sola es Luisa Riley Puga, funcionaria desde 2009; por tanto, ingresó a esa entidad cuando Ricardo Martinelli tomó posesión como gobernante (2009-2014).https://t.co/dYHGMrmEfQ a través de @prensacom
Este es el segundo EIA que aprueba MiAmbiente a favor del proyecto de los Sola. Antes, en 2022, autorizó la explotación de 1,606 metros cuadrados en Flamenco, para la construcción de las oficinas y comercios. Esta concesión fue otorgada por la UABR en 2018, aunque su refrendo se produjo el 29 de julio de 2021, bajo la firma del entonces contralor Gerardo Solís.
La decisión de Mulino
El pasado jueves 27 de febrero, en su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino se refirió al proyecto en Flamenco y advirtió a Sola que “vaya viendo dónde va a hacer negocios”.
Mulino acusó a Sola de haber “mentido descaradamente” sobre Panamá y afirmó que su gobierno no otorgará concesiones estatales a quienes “nos atacan miserablemente”.
Sola fue el testigo estrella de una audiencia que se celebró el 28 de enero pasado en el Senado de Estados Unidos, sobre la supuesta influencia china en las operaciones del Canal de Panamá, un reclamo al que se aferra el presidente estadounidense Donald Trump.
En su intervención, Sola alimentó la teoría de Trump.
Entre sus falsas afirmaciones, dijo que los barcos que ingresan a los puertos operados por Panama Ports Company (PPC, una filial de la hongkonesa CK Hutchison) bloquean la entrada del Canal, lo que carece de veracidad, ya que las operaciones portuarias y el tráfico marítimo en la vía interoceánica están estrictamente regulados para evitar cualquier obstrucción. Además, los puertos de PPC (que ahora serán adquiridos por el fondo de inversión estadounidense BlackRock) están ubicados fuera de la ruta de acceso de los barcos que transitan el Canal.
El comisionado también afirmó que intentaron “expropiarle su marina”, sin mencionar en ningún momento que el proyecto se desarrolla sobre terrenos estatales que le fueron entregados de manera directa, sin licitación. En su declaración omitió un detalle clave: hasta la fecha, la marina no existe físicamente, entonces, ¿cómo se la va a expropiar?
Tampoco tuvo reparo en presumir de sus conexiones políticas. Sola contó en la audiencia que, en 2018, cuando “renegoció” la concesión en Amador, solicitó “ayuda” a dos senadores que, según él, “resolvieron” el problema y lograron que Panamá le “devolviera” el terreno a su familia, pese a que sabe que se trata de terrenos estatales.
Pero sus aseveraciones no se limitaron a esa audiencia. El 1 de octubre de 2024 (el mismo día en que La Prensa publicó una investigación sobre Amador Marina), Sola envió una carta al entonces secretario de Estado, Antony Blinken, utilizando papelería oficial de la FMC, en la que atacó a Panamá y pidió sanciones para este medio.
Como si fuera poco, a finales de febrero, aseguró que los empleados de la ACP necesitan autorización de China para circular por sus sitios de trabajo.
Mulino y la ACP han desmentido reiteradamente estas afirmaciones. Sola, lejos de retractarse, ha insistido en sus falsas aseveraciones e incluso propuso la creación de un fondo soberano para financiar proyectos portuarios y marítimos (como el de isla Flamenco), promovidos por inversionistas estadounidenses.
