Una escalera con forma de caracol, dos elevadores (pese a que el inmueble tiene apenas dos pisos) y mejoras en los balcones, techos y luminarias son algunos de los trabajos de restauración que se llevarán a cabo en la Casa Amarilla, un edificio sobre pilotes frente al mar, que es parte del conjunto arquitectónico de la Presidencia de la República.
Las obras, que empezaron el 22 de septiembre, están a cargo de la empresa Civil y Logística, S.A., que tiene un contrato de $4.3 millones con el Ministerio de la Presidencia. El monto fue calculado utilizando una base de precios heredada de la extinta Dirección de Asistencia Social (DAS), entidad que reemplazó al cuestionado Programa de Ayuda Nacional (PAN), epicentro de múltiples casos de corrupción en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Los trabajos también incluyen la restauración de paredes internas y externas, por más de $148 mil, un proceso que conlleva lijado, sellado e impermeabilización, así como la construcción de una losa estructural en la segunda planta y la renovación de herrería y luminarias.
Originalmente, la Casa Amarilla era una edificación de madera, diagonal al Palacio de las Garzas. Está inscrita en el Registro Público desde el 17 de noviembre de 1914, con un valor de $86,000. Ese monto no ha sido actualizado, en más de 110 años.
En revisión
Aunque no se entregó documentación a La Prensa, la directora nacional de Patrimonio Cultural, Yamileth Stanziola, aseguró que su dirección emitió un criterio técnico sobre los estudios, planos y alcances de la intervención, conforme a los estándares de conservación patrimonial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
“Patrimonio realiza inspecciones periódicas junto con representantes de la Presidencia y el contratista, para asegurar que los trabajos se desarrollen conforme a los criterios aprobados”, explicó Stanziola.
El Ministerio de la Presidencia aseguró en un comunicado, emitido el 27 de octubre, que “los planos y procedimientos se someten a revisión y aprobación” por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (DNPC) del Ministerio de Cultura.
Según las normas de conservación patrimonial, la Casa Amarilla es un inmueble de “tercer orden”, lo que significa que su fachada debe conservar su diseño original, aunque su interior sí puede ser modificado. En cambio, la muralla que bordea el Casco Antiguo y que, por tanto, ronda la Casa Amarilla, tiene una calificación de primer orden.
Dos evaluaciones
Según la Presidencia, la Casa Amarilla permaneció en “desuso durante una década”, lo que habría causado su deterioro. Sin embargo, registros fotográficos y testimonios indican que hay una inexactitud con esas fechas.
La Prensa observó que, en 2016, durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), se realizaron en el lugar eventos presidenciales, reuniones de trabajo y encuentros protocolares. Un exfuncionario recordó que, en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), el edificio “se convirtió en un depósito, con sillas, mobiliario y bolsas de comida del programa Panamá Solidario. Se tiraba de todo ahí”.
En al menos dos conferencias de prensa, el presidente José Raúl Mulino ha defendido la restauración tanto de la Casa Amarilla como de la villa diplomática, en Quarry Heights, Ancón, que también estaba en abandono. Los trabajos de la villa diplomática costarán $7.1 millones. Por tanto, se habrán destinado $11.4 millones en trabajos de restauración de dos edificaciones.
La Presidencia justifica las inversiones millonarias en ambas propiedades, argumentando que necesita estos salones para recepciones y atender delegaciones extranjeras. Específicamente, ha dicho que la Casa Amarilla será una de las sedes de los actos conmemorativos del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, el otro año.
Contratos acumulados
En lo que va de 2025, Civil y Logística acumula más de $28.5 millones en contratos con la actual administración de José Raúl Mulino. Además de la Casa Amarilla, la empresa obtuvo un contrato directo por $24.2 millones del Ministerio de Educación (Meduca) para construir el Centro de Educación Integral en Puerto del Mar, en La Chorrera, aprobado por el Consejo de Gabinete el pasado 11 de marzo.
El presidente y representante legal de Civil y Logística es Juan David Cardoze Martinelli. La sociedad fue constituida en abril de 2013 por José Eugenio Silva y Dianeth Matos, ambos mencionados en el caso Lava Jato por haber costituído sociedades investigadas como parte de esta trama.
En la administración de Cortizo, Civil y Logística obtuvo dos contratos con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) por un total de $63.4 millones: uno para el Centro de Alto Rendimiento del Deporte (CAR) y otro para el Salón de la Fama y Museo del Deporte, en la calzada de Amador.
Consultado por La Prensa por sus contratos con el Estado, Cardoze respondió que su modelo empresarial “se basa en participar de manera continua y transparente en licitaciones públicas y privadas”.
Respecto a la restauración de la Casa Amarilla, aseguró que los criterios técnicos y de conservación histórica del inmueble fueron revisados y aprobados por Patrimonio Cultural.
Adjudicación turbulenta
El proceso de contratación (cuyo precio de referencia era de $3.9 millones) también generó controversia. El 23 de mayo de 2025, una comisión evaluadora declaró que ninguno de los dos proponentes cumplía con los requisitos mínimos. Las empresas protestaron y el Ministerio de la Presidencia anuló el acto y ordenó repetir la evaluación, para lo que conformó una nueva comisión evaluadora.
En junio pasado, la comisión determinó que Civil y Logística sí cumplía con las condiciones y le otorgó más de 96 puntos, mientras que descalificó al Consorcio Premium-Diconsa, su competidor, por “incumplir requisitos mínimos”.
Premium- Diconsa presentó un reclamo alegando que su oferta era más conveniente para el Estado, pero la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) desestimó el recurso y confirmó la adjudicación.
“La primera comisión desconocía que el balboa es la moneda de curso legal en Panamá”, comentó Cardoze al ser consultado por el cambio de evaluación que lo favoreció.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se comprometió a responder las interrogantes planteadas por este medio; sin embargo, al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.
