Ha pasado poco más de un mes desde que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara que su gobierno no otorgaría concesiones estatales “a alguien que nos ataca miserablemente y falsamente”, como lo hizo Louis Sola, presidente de la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Se trata de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La primera otorgó a Amador Marina el uso de 11.3 hectáreas de fondo de mar, en el año 2023. La segunda, a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), le arrendó 2.7 hectáreas en tierra firma en 2021.
Dos entidades que tienen contratos de concesión directa con Amador Marina, S.A., la sociedad a través de la cual la familia Sola promueve la construcción de una marina privada y una terminal de cruceros en isla Flamenco, en la calzada de Amador, en la entrada del lado Pacífico del Canal de Panamá.
La Prensa puso al presidente Mulino al tanto de esta inacción. Y su reacción fue tajante: sí está dada la orden de revisar ambos contratos, con la finalidad de rescindirlos.
“La orden está dada. Nadie que ataca a Panamá merece tener un negocio en este país”, dijo el presidente a La Prensa.
Remarcó que las concesiones no se gestionaron en este gobierno, aunque sí fue bajo su administración que el Ministerio de Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental, categoría II, a favor de la marina. Mulino conoce el área y sabe de la existencia del proyecto, porque en el espacio que ahora ocupa Amador Marina se supone que se construiría una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). El Senan cedió el espacio a Amador Marina. Aquello ocurrió en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Mulino fue el ministro de Seguridad Pública en aquel quinquenio.
El presidente remarcó lo que ya dijo en febrero: Sola “mintió” al declarar que hay presencia china en las operaciones del Canal de Panamá, en una audiencia en el Senado de Washington, el 28 de enero pasado. No ha sido la única vez. El comisionado federal luego propuso la creación de un fondo soberano para que financiara inversiones estadounidenses (como las de él), en Panamá, para contrarrestar la presencia de China. Lo más reciente ocurrió hace dos semanas, cuando la FMC anunció la apertura de un periodo de consulta pública para que los usuarios del Canal de Panamá informaran si se les ha impuesto alguna regulación o práctica que afecte el comercio internacional.
El resultado de esta consulta pública podría ser la base para que la FMC adopte eventuales sanciones contra Panamá.
En su conferencia semanal del 27 de febrero, Mulino declaró lo siguiente cuando se le preguntó por Sola, sus declaraciones y sus proyectos en Panamá, sobre bienes de la Nación.
“Que vaya viendo dónde va a hacer negocios, porque nosotros no le vamos a dar concesiones importantes a alguien que nos ataca miserablemente y falsamente, señaló.
Sin embargo, ni el administrador de la AMP, Luis Roquebert, ni el secretario ejecutivo de la UABR, Jorge Díaz, han avanzado en la revisión de estos contratos.
Sin instrucciones claras
La Prensa consultó a ambas entidades a inicios de marzo pasado sobre el proceso de revocatoria de las concesiones, que tienen una vigencia de 20 años cada una.
La AMP informó que no ha recibido ninguna instrucción del Ejecutivo. No obstante, funcionarios de esa entidad eludieron el tema cuando ofrecieron una conferencia de prensa este martes 1 de abril, convocada para hablar del registro de buques y el control de cumplimiento de la flota panameña.
El subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, evitó responder cuándo se revisará el contrato de Amador Marina y cuál sería el mecanismo para anularlo, argumentando que la conferencia era solo para hablar del registro de naves.
En tanto, la UABR optó por no hacer comentarios, aunque una fuente vinculada a esta entidad le dijo a este medio que no han recibido ninguna notificación formal desde la Presidencia, lo que impide iniciar una revisión de la documentación.
